Argentina discute sus políticas de drogas
Con cerca de quinientos
asistentes y la participación de funcionarios públicos, académicos y
especialistas, organizaciones de la sociedad civil y activistas, culminó la 12° Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas en el Salón Azul del Senado de la
Nación ubicado en al Ciudad de Bs As, organizada por laAsociación Civil Intercambios por décimo segundo año consecutivo.
Hubo expositores de Brasil y Uruguay.
El debate desarrollado en los distintos paneles
coincidió en la necesidad de entender al usuario de drogas como un sujeto de
derechos y cambiar la perspectiva punitiva y criminalizante por una socio-sanitaria. Especialistas
y funcionarios remarcaron el fracaso de la ley de desfederalización, que
aumentó la persecución de las tenencias, según argumentaron.
(Buenos Aires, 17/07/14)
La
presidenta de Intercambios AC
Graciela Touzé......
expresó en la
apertura de la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas
de Drogas “después de que el
Senado aprobara en mayo la Ley de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos
esperamos que se fortalezcan los avances producidos por la Ley Nacional de
Salud Mental, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con el Fallo
Arriola y las orientaciones del Ministerio de Educación de la Nación en materia
de prevención”.
Sin embargo, mostró su preocupación por “la adhesión de algunas provincias al régimen
de desfederalización, cuyos resultados en Buenos Aires y Córdoba alertan sobre
esta estrategia que mayormente se ha aplicado como un instrumento para
continuar criminalizando a la población en situación más vulnerable”. “También nos preocupan iniciativas como los
Tribunales de Tratamiento de Drogas que empezaron a funcionar en la provincia
de Salta porque hacen prevalecer la intervención penal y entran así en
contradicción con otras políticas públicas ya mencionadas”, enfatizó.
Por su parte, Carlos Jacomet, Subsecretario de Prevención,
Capacitación y Asistencia de las Adicciones (SEDRONAR) resaltó “la importancia de que todas las responsabilidades de persecución al
narcotráfico hayan pasado al Ministerio de Seguridad de la Nación y SEDRONAR se
aboque solo a la prevención, capacitación y asistencia”, y en este
sentido expresó: “La cuestión de la
drogadicción nace de la exclusión, no sólo debemos observar al sujeto sino a
las situaciones anteriores de las que ha sido objeto. Tenemos una
responsabilidad desde el Estado ante esto”.
A su vez, el Fiscal Titular a cargo de la Procuraduría
de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Félix Crous, expresó
que “el paradigma represivo puso al
usuario en un lugar satanizado. Nuestro esfuerzo es darle un lugar respetuoso y
ver si es verdad que nos preocupan las personas, o sostener un sistema
hipertrofiado que no se ocupa del impacto que tiene en la salud pública”.
La representante de la Defensoría
General de la Nación Marina Soberano, hizo hincapié en “el fracaso de la visión criminalizante y las respuestas punitivas respecto al
problema de las drogas y la necesidad de modificar la actual ley de
estupefacientes" y remarcó: “el desafío del siglo XXI no es normativo sino que la gente pueda
acceder a los derechos económicos, sociales y culturales”.
Luego de la apertura, se desarrollaron 3 paneles:
Dispositivos e Instituciones. Actuales desafíos en la
intervención, ¿Cómo desentrañar los significados de demandas
subjetivas y colectivas, a veces contradictorias? ¿Cómo habilitar diálogos
entre la teoría, el contexto, lo institucional y lo subjetivo? ¿Qué
dispositivos pueden aportar legitimidad y validez a las intervenciones? ¿Es
posible pensar en procesos de transformación institucional? fueron preguntas
que motorizaron el debate.
Violencia urbana, seguridad y drogas. Un
título que contiene términos que remiten a fenómenos complejos y como tales, su
resolución requiere un gran debate serio y responsable, con la participación de
todos los sectores de la sociedad. ¿Qué decisiones y acciones pueden tomarse
para responder a estos fenómenos sin agravar los niveles de violencia? ¿Qué
respuestas se han implementado hasta la fecha y con qué resultados? ¿Cómo
intervenir para reducir atmósferas de temor creciente? fueron preguntas que sivieron para abordar la complejidad del
fenómeno.
Políticas de drogas y Derechos Humanos. Panorama en la
Región Latinoamericana. La aprobación el pasado 5 de junio,
durante la Asamblea General de la OEA, de la resolución sobre promoción de los
derechos humanos en el desarrollo de las políticas de drogas, ha corroborado
que Latinoamérica se halla a la cabeza del debate internacional en este tema.
¿Cuáles son las brechas y los puntos de encuentro entre los principios
declarados en los foros internacionales y las prácticas estatales? ¿Qué
recomendaciones concretas pueden proponerse para mejorar las políticas
públicas?
Ana María Cortes, Directora de
Cooperación Nacional e Internacional, (SEDRONAR), señaló que “Argentina está promoviendo en distintos
ámbitos multilaterales un enfoque equilibrado y multidimensional que aborde
integralmente el consumo problemático de drogas y aporte a la reducción de la
oferta y la demanda”.“Es necesario un paradigma de inclusión
social que promueva el proyecto de vida de cada sujeto, y trabajar en políticas
de desestigmatización; es un tema de salud
social, no solo sanitario sino comunitario”. Por último, destacó la
iniciativa de “un observatorio
regional acorde a la realidad de Latinoamérica; necesitamos datos propios para
diseñar estrategias conjuntas”.
En tanto, Alejandro Corda, Abogado e
Investigador de Intercambios AC presentó
el libro “Personas que usan
estupefacientes en Argentina. De “delincuentes-enfermos” a sujetos de derechos”,
en el cual muestra claramente “las
consecuencias de la criminalización, de la respuesta penal: criminalización de
usuarios, aumento de la población carcelaria con población en especial estado
de vulnerabilidad. En Argentina el 38% son causas por tenencias de
consumo, es decir son causas de usuarios. Es importante revisar la acción de
las agencias penales, especialmente la policía”.
Corda además hizo hincapié en la
situación de las mujeres, considerando que “el aumento de la población de mujeres en cárceles federales aumentó un
217 %, y el hecho de que se haya tenido a la respuesta penal en primer término,
tiene como efecto que se haya desestimado el ocuparse de otras respuestas, sin
ir más lejos se gasta lo mismo en perseguir usuarios que en prevención y
asistencia, con lo cual si se dejara de perseguir a consumidores de drogas se
podría duplicar la inversión en prevención y asistencia”.
El brasilero Pedro Abramovay, director del Programa Latinoamericano y
Director Regional para Latinoamérica y el Caribe de la Fundación Open
Society afirmó: “Tenemos
dos generaciones de personas que crecieron en el paradigma de la persecución de
las drogas, y esto explica porqué en la actualidad tanta gente está en contra
de que continúe el mismo modelo represivo de guerra contra las drogas, porque
están claros sus pésimos resultados”,
A su turno, Laura Blanco, presidenta de la Asociación
de Estudios del Cannabis del Uruguay, presentó la mirada de la sociedad
civil sobre la ley de regulación de la marihuana sancionada en 2013 y que aún
está en proceso de implementación. La activista destacó el proceso que llevó a
lograr una normativa única en América Latina desde que en 2005 comenzaron
algunos una campaña de des-estigmatización del usuario de drogas hasta lograr
en 2010 su tratamiento en la Comisión de Adicciones del Parlamento, de un
proyecto que por entonces no les convencía. En 2011 manifestaron a la Suprema
Corte de Justicia “no más presos por plantar” y promovieron un proyecto de ley
de cultivo doméstico y de legalización de los clubes sociales de cannabis.
“No pretendíamos
aumentar la demanda ni hacer dinero, sino sacar de la ilegalidad al cannabis.
Los cuatro partidos políticos tenían representantes a favor y también el 75% de
la población apoyaba mostró una encuesta. Nuestros ejes de difusión fueron: calidad
y reducción de daños. Que el gobierno pueda testear la calidad del cannabis que
se consume, y que la población sepa que la prohibición aumenta las malas
prácticas”, concluyó Blanco.
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