Entre el 15 y 20% de los pobres que viven en países en desarrollo son personas con discapacidad, colectivo que registra niveles educativos, de actividad laboral, de vivienda y de atención sanitaria inferiores al de la población general.
Así lo indicó este miércoles el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, aludiendo al informe "Pobreza y Desarrollo" del Banco Mundial, durante la celebración en Bilbao de la jornada "Discapacidad y Pobreza en España", organizada por la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia (Fekoor).
"Las personas con discapacidad que encuentran restricciones a la participación o al acceso en condiciones de igualdad de oportunidades, tendrán más posibilidades de encontrarse en una situación de pobreza", añadió.
Pérez Bueno señaló también que "la discapacidad se relaciona de forma inversamente proporcional con unas condiciones de vida dignas". "Allí donde existe un cuidado deficiente de la salud, desnutrición o condiciones de vida inadecuadas, es más probable la aparición de situaciones de discapcidad".
"La discapacidad estimula y agrava las situaciones de pobreza", agregó.
"En los países económicamente más desarrollados, el número de personas con discapacidad que viven por debajo del umbral de la pobreza pasa del 30-35% a ser más de 50%", indicó.
"La renta de las personas con discapacidad se encuentra por debajo de la renta media de la población general entre un 40% y un 50%" y, según explicó, esto se debería, entre otras causas, a que "estas personas incurren en torno a un 30%-40% más de gastos que las personas sin discapacidad, mientras que sus oportunidades laborales y sus ingresos, cuando trabajan, son más reducidos".
Asimismo, destacó que "al situarse sus ingresos por debajo de la media nacional, con pocas oportunidades laborales y debido a la baja cualificación de este grupo social, la capacidad de ahorro de las personas con discapacidad es casi inexistente".
MULTIEXCLUSIÓN
Además, añadió que la vulnerabilidad y la exposición a la exclusión se hacen extremas cuando en la persona con discapacidad existe "multiexcluión", al añadirse el factor del género, la minoría étnica, el medio rural, la inmigración.
En cuanto al papel de los poderes públicos, el presidente del Cermi manifestó que "no han establecido medidas y programas concretos y amplios de lucha contra la pobreza asociada o vinculada con la discapacidad, por lo que no puede determinarse con claridad el efecto de la acción pública en la lucha contra la pobreza".
"La necesidad de abordar la pobreza de las personas con discapacidad no sólo es un tema de igualdad y justicia sociales, sino que existen razones de índole económica", continuó. "Finalizar con esta pobreza signifcaría que más personas con discapacidad tendrían un empleo, aumentando la contribución neta a las arcas públicas a través de los impuestos y reduciendo el número de pensiones adjudicadas por situaciones de necesidad extrema".
"Utilizando una estimación muy amplia, si un millón de personas con discapacidad se integraran en la vida laboral, las arcas públicas ganarían más de 4.000 millones de euros procedentes solamente de la recaudación de impuestos derivada de sus ingresos", aseguró
Por último, Luis Cayo Pérez Bueno, en representación del sector social de la discapacidad, apostó por la inclusión para combatir la pobreza de este colectivo.
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