Termina el encuentro más importante sobre Políticas de Drogas en América Latina: “En políticas de drogas, ya no alcanza con hablar de Derechos Humanos, hace falta pasar a la Acción”

(Bogotá, 6/12/12 19 hs) Con esa síntesis finalizó la IV Conferencia Latinoamericana Sobre Política de Drogas que reunió más de cuarenta expertos, especialistas, funcionarios, cocaleros, cultivadores y usuarios de drogas de distintas partes del mundo quienes, abordando la temática desde diversos ejes, confluyeron en la relevancia de los cambios concretos en el marco de las políticas de drogas, dando vuelo a las nuevas estrategias que surgen en la región que promueven un abordaje más humano en materia de drogas y el trabajo desde la reducción de daños.

Coincidentemente con el debate promovido por la conferencia, el mandatario colombiano se unió a su par guatemalteco Otto Pérez Molina y a ex presidentes, como a destacadas personalidades de la ciencia, el arte y la cultura para reiterar a través de una carta la advertencia sobre el fracaso de la estrategia conocida como “guerra contra las drogas”, que pone énfasis en la represión y la prohibición. La conferencia, que tuvo como escenario la ciudad de Bogotá, reunió más de 600 personas en la Alcaldía de la ciudad el 5 y 6 de diciembre. La IV Conferencia sobre Políticas de Drogas está patrocinada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social de la Republica de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colombia, Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (IDPC) y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) En la primera jornada, el alcalde mayor de la capital colombiana Gustavo Petro subrayaba: “Hay una correlación entre la violencia y un estilo de políticas de drogas. La prohibición de las drogas ha construido unas rutas del comercio ilícito que solo se pueden edificar a partir del exterminio de seres humanos. El correlato de la prohibición de drogas es la masacre”. En la apertura también expusieron Bo Mathiesen, titular de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito en Colombia (UNODC / ONUDD), Farid Samir Benavides Vanegas, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, Coletta Youngers, representante del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), el director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), Julián Quintero, organizadora local del encuentro y Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, organizadora regional de la Conferencia. Al explicar los motivos de la realización de la IV Conferencia, Touzé afirmó: “Queremos promover un debate y hacer uso del derecho democrático a disentir con los discursos y las prácticas dominantes en el campo de las drogas. Y queremos hacer uso de ese derecho con la intención de transformar una realidad que nos incomoda y nos duele”. Pr su parte, Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS) de Colombia, organización anfitriona del encuentro, destacó: “No estamos aquí para discutir el fracaso de la guerra contra las drogas que ya todos conocemos, sino para concentrarnos en cómo y de qué manera cambiamos este paradigma”. Desarrollo socioeconómico ¿Qué relación tiene el fenómeno de las drogas y los procesos de desarrollo en la región? ¿Qué políticas se han elaborado para abordar la problemática? ¿Cómo valoran los efectos los distintos actores involucrados? Fueron algunas de las preguntas con que el investigador del Programa Drogas y Democracia del Trasnational Institute (TNI), de los Países Bajos, Tom Blickman, comenzó el panel Drogas y desarrollo socio-económico. En esa línea, Javier Gonzales Skaric, secretario técnico del Observatorio de Cultivos declarados Ilícitos (OCI) de Bolivia, remarcó la importancia de “generar procesos de inclusión de las organizaciones y movimientos sociales de campesinos e indígenas, como verdaderos interlocutores con sus gobiernos locales, nacionales y con organismos internacionales”. Por su parte, Guillermo García Miranda, Jefe del Programa de Desarrollo Alternativo en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC/ONUDD) en Colombia, sostuvo que “el mecanismo más eficaz, eficiente y sostenible de erradicación es el desarrollo”. En ese eje, Fabiola Piñacue Achicué, fundadora y representante legal de Coca Nasa e integrante del Consejo Andino de Productores de hoja de coca de Colombia señaló como a través de Coca Nasa “buscamos generar una alternativa poder llegar con nuestros productos a cada uno de los colombianos. La resistencia de seguir dignificando la hoja de coca es tarea nuestra. La hoja de coca hace parte de nuestra geografía. Lo que hace el Plan Colombia es satanizar a la coca”. También fue eje de debate la salud en relación a las drogas. En ese sentido, Juan Carlos Celis, director general de la Fundación Procrear de Colombia señaló que “es imposible pensar un mundo sin drogas. Por esa razón, los tratamientos no pueden tener como punto de partida la abstinencia del usuario. El Estado debe proveer de los medios para que el consumo sea lo menos perjudicial posible”. Según explicó, lo que debe hacerse es “pasar de una postura basada en una política de ‘rehabilitación del adicto´ a otra que impulse la participación activa de la comunidad, organizaciones y ciudadanos para modificar la relación de los usuarios con las drogas”. Por su parte, Hugo Cohen, asesor subregional en Salud Mental para Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) destacó el déficit en cuanto a atención sanitaria: “No hay una capacitación adecuada para los profesionales de la salud ante una problemática de consumo de drogas. Una persona accede al derecho sólo cuando tiene la posibilidad de elegir: si las únicas opciones son el hospital psiquiátrico o la calle, no puede ejercer su derecho. El desafío es generar nuevas ofertas en cuanto a dispositivos de atención para que las personas puedan elegir”. También tuvieron su espacio de análisis el funcionamiento de las Salas de Consumo de Drogas que se implementaron en las últimas dos décadas en diversos países como Alemania, Australia, Canadá, España, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suiza. Las salas “son aceptadas por sus grupos objetivo (las poblaciones vulnerables), comunidades y otros actores clave, ayudan a mejorar el nivel de salud de las personas que consumen drogas, reducen las conductas de alto riesgo, pueden disminuir el número de muertes causadas por sobredosis y tener una repercusión sobre los índices de infección por VIH y hepatitis C, aunque se requiere de mayores evidencias para demostrar este efecto”, indicó Marie Nougier, responsable de Investigación y Publicaciones del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC). A su turno, Aldemar Parra Espitia, Coordinador del área de reducción del consumo de sustancias psicoactivas del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, se refirió a la situación actual en su país: “si bien siempre se habla de Colombia como productor, se trata también de un país consumidor. Ser vistos como un país cuya única relación con las drogas es la producción ha producido un estigma que impide ver que aquí también se consume”. Derechos humanos Durante la mesa redonda sobre Drogas y Derechos Humanos fueron categóricos. “Menos palabras y más acciones, que incluyan y respeten los derechos humanos, pero no como una retórica interesante sino como aplicación efectiva”, reclamó Pablo Abarca, Consultor del Área de Género, Derechos, Diversidad cultural y Bioética de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). “El derecho a la salud existe y está establecido, pero ¿cómo lo hacemos operativo? ¿De qué sirve decir que los usuarios con consumo problemático tengan derecho a ser bien recibidos y atendidos, si no tenemos forma de operativizarlo, si no hay lugares donde esa atención se pueda llevar a cabo?”, planteó. Abarca explicó que, cuando los objetivos de los organismos de fiscalización de drogas entran en conflicto con los derechos humanos, son estos últimos los que deben primar. “Pero eso es algo que está escrito en un papel y no se aplica”, expresó. También en esa mesa redonda estuvo Wagner Coutinho Alves, miembro de la Red Latinoamericana de personas que usan drogas (LANPUD) y secretario de la Asociación de Estudios Sociales de la utilización de sustancias Psicoactivas (ABESUP) de Brasil. “Necesitamos tener participación efectiva en la elaboración de políticas dirigidas a personas que usan drogas. Cuando se tome conciencia de lo que las drogas significan para las personas, las políticas podrán ser adaptadas para respetar nuestra dignidad”, aseguró. Por su parte, otro de los participantes de esta mesa redonda, Daniel Wolfe, director del Programa Internacional de Reducción de Daños de la Fundación Open Society (IHRD/OSF), cuestionó “el mito conveniente que muchos nos decimos a nosotros mismos: que es suficiente tratar a las drogas como un problema de salud pública y no como un problema de criminalidad. Nos lo repetimos como si eso bastara. Decimos que las personas necesitan tratamiento, pero evitamos la pregunta de qué significa tratamiento”. Wolfe recordó que esto significa no sólo accesibilidad o disponibilidad, sino también no ser torturado, no ser humillado, tener derecho a la privacidad y la confidencialidad, derecho a la vida. “Muchas personas mueren en centros que operan bajo la bandera de tratamiento, de compasión, de un mejor enfoque hacia las políticas de drogas”, advirtió Oscar Parés Franquero, colaborador de la Subdirección General de Drogodependencias de la Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, España propuso recuperar el paradigma de la vulnerabilidad, “que nos permite no ver como inevitables los daños del consumo. Al unir la vulnerabilidad con los derechos humanos hacemos que no sean sólo unos profesionales que trabajan con ciertos grupos sino toda la sociedad la que se involucre”. Durante la segunda jornada de la Conferencia, entre las primeras ponencias estuvo Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez, Secretario de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien aseguró que “Debemos implementar políticas de drogas integrales que incluyan reducción de daños. Sin reducción de daños, ninguna política de drogas es integral”. Según remarcó, “el Estado tiene como mandato ético la garantía de la dignidad humana, y la restitución a los ciudadanos de derechos vulnerados y vulnerables. No debemos ocultar los problemas, si no hacerlos visibles y actuar. Nuestro presidente ha entendido que hay que hacerse cargo del problema. La solución es la legalización. Hay que salir de las políticas que impulsa Estados Unidos, basadas en la represión, que nos ha costado muchas muertes”. A su turno, Lumena Almeida Castro Furtado, Secretaria Adjunta de Salud y coordinadora de la Política de Atención en la Red Alcohol y Drogas del Municipio de Sao Bernardo do Campo, Brasil, destacó que “hay que reconocer el territorio en el que los servicios están insertos. Caminar las calles, conocer los liderazgos locales y establecer vínculos con las organizaciones sociales. Para nosotros es muy importante la asociación con los movimientos sociales. Todo eso nos ayuda a sacar a la gente de la situación de vulnerabilidad”. También participó de este panel Iván Fornís Espinosa, Técnico Superior en la gestión del Servicio de análisis de drogas de Energy Control, España, y Liz Evans, Directora ejecutiva y fundadora de PHS Community Services Society – Insite, Vancouver, Canadá. “Insite es el único lugar de inyección en América del Norte-- señaló, y se mostró satisfecha porque, después de muchos obstáculos que debieron superar para ponerlo en marcha-- “la gente de nuestra comunidad tiene un promedio de vida más alto que hace 10 años”. Luego de una primera etapa donde generó mucha resistencia en la mayoría de la población, “la gente cambió de parecer y empezó a verlo como un servicio comunitario. Finalmente, fue apoyado por los tres niveles de gobierno y por la policía local”. También se debatió sobre los marcos legales y regulatorios al problema de las drogas. En ese sentido, Pedro Vieira Abramovay, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas de Rio de Janeiro y director de Campaña de Avaaz, señaló que en 2006 en Brasil se modificó la ley con fines de “quitar la pena de prisión para los tenedores de drogas ilícitas. Algo que fue bien recibido por la población. Sin embargo, no tuvo los efectos esperados. Porque los detenidos por esa razón aumentaron”. “¿Qué fue lo que sucedió?”, preguntó el panelista. “Es que la ley brasilera tiene una gran deficiencia, que no es clara en establecer la diferencia entre la definición del tipo penal de tenencia con el tipo penal de tráfico”, respondió. Y aseguró que “muchas personas consumidoras van a la cárcel como traficantes. Hoy el 60 por ciento de las personas que quedan presas por tráfico no tienen antecedentes legales”. Otro de los panelistas, John Walsh, el coordinador Principal para el Programa de los Andes y de Políticas de Drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de Estados Unidos, relató como recientemente “los ciudadanos de Washington y Colorado votaron por la regulación y legalización, y contaron con el apoyo de ambos partidos. No fue un voto de los fanáticos de la marihuana”. En ese sentido, “lo que es claro es que en EEUU las actitudes están cambiando. Y el apoyo de los jóvenes es más amplio que en sectores de más edad”. Por su parte, Julieta Lemaitre Ripoll, profesora Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, de Colombia, afirmó que si bien en la actualidad en su país no existe la penalización por la tenencia para consumo personal, “el criterio de la policía para la detención sigue siendo la intención, es según la cara, o lo mandan al psiquiatra para determinar si es adicto o no”. “Cuando encuentran a estos jóvenes en la calle, la policía los detiene y según la cara, les quita o no la droga y se los llevan a una detención transitoria. No se llevan a gente que ellos estiman que son de estratos altos”, aseguró. Para Lemaitre Ripoll, “el correlato político y la práctica es distinta, mientras se tiene cierto tinte libertario en la política en la práctica todavía falta mucho por hacer”. Por otra parte, Oscar Gómez da Trindade, viceministro de Educación y Cultura y miembro permanente de la Junta Nacional de Drogas de la República Oriental del Uruguay, describió que en Uruguay trabajan “intensamente en la reducción de daños, en la educación, en la construcción de redes sociales y en la búsqueda del diálogo con la sociedad civil y con las organizaciones de usuarios de drogas”. El funcionario declaró que “lo que está pasando en Uruguay en materia de políticas de drogas tiene un altísimo componente de democracia. Porque entendemos que es una responsabilidad del Ejecutivo, la regulación de la producción de cannabis”. Violencia y seguridad Edgar Gutiérrez Girón, Embajador guatemalteco en Misión Especial para la reforma de la política de drogas, subrayó como el narcotráfico y las políticas ineficientes son una amenaza para la viabilidad de la democratización y para el desarrollo de Guatemala porque son una “notable fuente de violencia y sacrificio de vidas humanas”, ya que se “se ha triplicado el número de asesinatos en Guatemala en la última década”. El otro motivo tiene que ver con que “impide un clima de normalidad para reconstruir las instituciones del Estado de Derecho”. Por su parte, el titular del Proyecto MC2 “Menos Crimen, Menos Castigo” iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Alejandro Hope, indicó que “hay que repensar la situación de fondo, la erradicación no sirve”. También recalcó que “Las políticas de interdicción han ido arrojando el fenómeno hacia zonas vulnerables”. En esa línea también la periodista Socorro Ramirez indicó que “No solo la política prohibicionista está causando más daños que la misma problemática, sino que ha habido un doble estándar en la aplicación de la política de drogas que ha hecho que los daños y esas consecuencias catastróficas hayan caído sobre los sectores más vulnerables”. Inclusión Social Tránsito Ruano, directora de PASSOS, Centro de Capacitación y Educación, de El Salvador resaltó: “humanizar la política de drogas es humanizar la vida de las personas que usan drogas, es incluirlas”. En esa línea, Cesare Cattini, Director de la Fundación Social y Formativa “Arca de Noé”, de Colombia, recalcó que “para nosotros la persona debe estar en el centro de cada intervención. Lo esencial es preguntarnos qué es lo mejor para los sujetos principales de nuestra intervención. No juzgarlos y promover la autonomía”. Susana Fergusson, asesora en temas de organización de dispositivos comunitarios en el Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia, también fue en la misma línea. “Nuestras prácticas tienen que apuntar a reducir la inequidad y que haya sostenibilidad de los procesos”. Seminario y Premio En el marco de la Conferencia también se efectuó el II Seminario para periodistas sobre Políticas de Drogas que convocó a 25 periodistas de once países de la región y que se efectuó el día previo a la Conferencia. También en la primera jornada se hizo entrega de los tres mejores trabajos periodísticos en el marco del Premio Latinoamericano de periodismo Sobre Drogas. El jurado del Premio estuvo conformado por Andrea Domínguez, de la alternativa Viva Río de Brasil, Carlos Eduardo Huertas, editor de la Revista Semana de Colombia y Guillermo Osorno, director de Gatopardo, de México. El primer premio fue para Virginia Messi del diario Clarín de Argentina, el segundo para Humberto Padgett de León, de la Revista Emeequis de México y el tercer premio fue para Hudson Correa y Leonardo Souza, de la Revista Época Editora Globo de Brasil Eventos satélites Al mismo tiempo que se efectuaban los diversos paneles, también la conferencia fue lugar de encuentro de otros actores. Uno de esos momentos fue la reunión de jóvenes activistas de América Latina que trabajan en la reforma de la política de drogas con el propósito de intercambiar experiencias en la materia. “Los jóvenes latinoamericanos, reunidos en esta conferencia, queremos cambiar el paradigma actual de las políticas prohibicionistas de drogas que alrededor del mundo existen. Ya que somos los principales perjudicados viviendo violencias y exclusiones. Entendemos que somos los principales agentes de las transformaciones sociales, y buscamos la garantía de la participación en esta transformación de las políticas públicas sobre drogas, por parte de los gobiernos nacionales y de las organizaciones regionales”, se expidieron a través de un comunicado También fue el caso de quienes se congregaron para hablar de los cultivos declarados no lícitos. Representantes de organizaciones sociales de diversas regiones de Colombia, representantes de ONG internacionales, expertos e investigadores evidenciaron su preocupación por “el duro contraste entre el agravamiento de las situaciones socioeconómicas, de la paz y la seguridad, en el equilibrio ambiental, que presentan los territorios, catalogados de manera criminalizante como “cocaleros””. En ese sentido, convocaron a la realización de un Encuentro Nacional de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos en Colombia en el primer semestre de 2013 como parte de los esfuerzos para generar espacios propios de participación de las comunidades organizadas . Por su parte, la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas (LANPUD) también se hizo presente subrayando como estos espacios, como la Conferencia, “necesitan cada vez más del protagonismo de los usuarios de drogas, identificados como tales, para que el principal problema de las drogas en la región – la marginalización y la desigualdad de derechos entre personas y pueblos – se pueda poner en foco”. También la Coalición Latinoamericana de Activistas Cannabicos participó recalcando: “Nuestras demandas básicas son el autocultivo y los Clubes Sociales de Cannabis. Apoyamos las medidas que separen a la cannabis de los mercados ilegales y recomendamos su regulación a través de mecanismos sin fines de lucro", argumentaron. CONCLUSIÓN En esta conferencia quedaron claras algunas de las líneas de la política de drogas que se necesitan: “Una política que proteja y estimule el desarrollo económico de los campesinos y agricultores en lugar de perseguirlos y encarcelarlos, que priorice su acceso a la propiedad de las tierras, promueva su prosperidad económica y respete el uso tradicional de la hoja de coca”, señaló Pablo Cymerman, coordinador del Comité Organizador de la IV Conferencia desde la Asociación Civil Intercambios. En materia de atención al consumo, se planteó que los tratamientos no pueden tener la abstinencia como punto de partida, y una política de drogas sin reducción de daños no es integral. Las experiencias ya existen. En esta conferencia se plantearon alternativas con la participación de las y los usuarios de drogas en la definición de políticas públicas, acciones de promoción social, participación comunitaria y salas de consumo regulado, entre otras. Hasta ahora, todos los discursos llaman al respeto de los derechos de los usuarios. Hacen falta menos palabras y más acciones en este terreno: las personas que usan drogas ilícitas enfrentan a menudo situaciones de discriminación, rechazo y violencia, prisión, torturas o tratamientos compulsivos y violentos que en lugar de promover la salud y la calidad de vida incrementan su sufrimiento. En este sentido, Cymerman subrayó: “En políticas de drogas ya no alcanza con hablar de los derechos humanos, hace falta pasar a la acción. Esperemos haber pasado de la retórica del cambio de paradigma al tránsito hacia acciones concretas que construyan el nuevo paradigma que estamos reclamando. Ese es nuestro sueño, avancemos para hacerlo realidad”.Agradecemos a Intercambios Asociación Civil, por hacernos llegar el presente documento++++Orientar, expandiendo Conciencias