Las personas con discapacidad, por lo general, son discriminadas en el ámbito educativo y alcanzan inferiores niveles de estudios que el resto de la población; disponen de menos oportunidades para estar activas laboralmente y se ven afectadas con mayor intensidad por el paro y la precariedad laboral.
Además, reciben salarios inferiores y en ocasiones se ven obligadas a realizar gastos extraordinarios por motivos injustamente relacionados con la situación de discapacidad. Hacen frente a restricciones extraordinarias para participar activamente en la sociedad y desarrollar una vida normalizada, situaciones de discriminación que, inexplicadamente, resultan más o menos evidentes si atendemos al tipo de discapacidad.
Pero, además, los vientos de la exclusión soplan de ida y vuelta, de forma que las personas que viven en contextos marginales tienen más posibilidades de encontrarse en situaciones de riesgo de discapacidad, dadas determinadas condiciones de precariedad, insalubridad o riesgo de accidente. De hecho, la tasa de discapacidad es sistemáticamente superior a la media en países subdesarrollados, en zonas marginales, en situaciones de conflicto armado, etcétera.
La exclusión social (como la discapacidad) se reconoce como un fenómeno complejo, resultado de un cúmulo de factores, con un marcadísimo carácter trasversal y, por tanto, presente también en los servicios y sistemas de apoyo a personas con discapacidad. (Discapnet )
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