Organizada por la asociación civil Intercambios, se realizó en el Senado de la Nación y contó con la asistencia de más de cuatrocientos participantes de todo el país e invitados extranjeros. El funcionario uruguayo Julio Calzada Mazzei, secretario general de la Junta Nacional de Drogas de ese país, presentó el modelo de regulación del mercado de la marihuana que promueve su gobierno y aseveró que los países vecinos, incluido la Argentina, manifestaron su respeto a la iniciativa.
“Hemos puesto el foco en regular el mercado de la marihuana para atacar lo que sustenta a las organizaciones criminales, que es el fin de lucro”, afirmó esta mañana Julio Calzada Mazzei, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, ante un auditorio de más de cuatrocientas personas, en el cierre de la 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas que se realizó este jueves 29 y viernes 30 de agosto en el salón azul del Senado de la Nación organizada por la asociación civil Intercambios.
La máxima autoridad de drogas del Uruguay viajó especialmente a la Conferencia para explicar a los argentinos la decisión de su país de regular el mercado de la marihuana. “Según Naciones Unidas, 320 mil millones de dólares al año van a parar a organizaciones criminales, al mercado inmobiliario, al mercado de armas, producto del negocio de las drogas”, fundamentó al señalar el objetivo de “atacar el fin de lucro”.
Encuestas sobre consumo en el Uruguay estiman que unas 120 mil personas consumen marihuana al menos una vez al año, 75 mil lo hacen una o dos veces en el mes y 20 mil en forma diaria. “Se trata de un mercado totalmente desregulado y controlado por organizaciones criminales. Desde la convicción de que los problemas del consumo de drogas son problemas de salud, decidimos avanzar en quitarle a las organizaciones criminales estas altas tasas de ganancia”, aseveró.
Durante los años 2011 y 2012, a partir de una reforma en las instituciones policiales para hacerlas más efectivas, Uruguay incrementó su volumen de decomiso de sustancias. “Pero sólo logramos el control del diez por ciento del mercado, queda afuera la gran mayoría”, reconoció Calzada Mazzei, para quien el modelo prohibicionista “apuesta a una solución simple, que es el control penal y la coerción”. En cambio, la propuesta uruguaya es compleja, porque propone lograr “legislativamente una regulación del mercado de la marihuana para uso medicinal, terapéutico y recreativo”.
Ante la consulta sobre cómo cree que reaccionarán los mercados si la iniciativa avanza en Uruguay, el funcionario aclaró: “El mercado de las drogas es global, por lo tanto se produce un efecto globo: si se aprieta por un lado, se desplaza hacia otro. Cuando apretaron con algunas regulaciones en Colombia, los mercados se desplazaron hacia el Sur. Lo más probable es que la mayoría del mercado se desplace hacia otros lugares”.
Calzada Mazzei reconoció que una preocupación es garantizar que parte de la marihuana producida legalmente en Uruguay no termine en el mercado negro de Brasil, Argentina o Chile. Por eso, la regulación incluye el registro de los usuarios, un límite de 40 gramos por persona y la venta en farmacias. “Las farmacias en Uruguay tienen más de cien años de historia y hoy expenden opio, sustancia más riesgosa que la marihuana. Creemos que estos productos de consumo no ordinario son pasibles de ser regulados en función de parámetros asociados a su uso, de los riesgos y daños que pueden producir”, señaló.
Para la marihuana regirán las mismas regulaciones que en Uruguay se tienen para los cigarrillos, entre otras la prohibición de hacer publicidades. Además, la presentación será genérica, sin marcas, e incorporará información sobre los riesgos para la salud.
Finalmente, consultado sobre la reacción del gobierno argentino ante esta iniciativa, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay afirmó que recibieron “una actitud muy respetuosa de todos los gobiernos de la región”. Y reconoció: “Una propuesta como la que estamos llevando adelante a todos nos genera dudas, incluso a los más fervientes defensores. Pero estamos convencidos que si seguimos haciendo lo mismo que siempre, nada va a cambiar”.
La 11 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas concluyó al mediodía, con un panel que analizó la aplicación de la ley de salud mental.
En el cierre del encuentro, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, asociación civil organizadora del encuentro, recordó los desafíos para la Argentina en materia de políticas de drogas: “La reforma de la ley de estupefacientes 23.737, declarada inconstitucional hace ya cuatro años por la Corte Suprema de Justicia y alrededor de la cual hay un silenciamiento preocupante. Y la ampliación de la atención sanitaria y social de los problemas relacionados con las drogas”, que debería contemplarse en el Plan Nacional de Salud Mental y mediante el tratamiento en el Senado del proyecto de creación de un Plan Integral para el abordaje de los consumos problemáticos, proyecto de ley que ya tiene sanción de Diputados.
Orientar, expandiendo Conciencias¨`*•.¸¸♥♥¸.•°`*.¸.*´´¯
